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El gasto del Estado por desempleo supera ya los 55 millones mensuales

El incremento con respecto a las cifras anteriores a la crisis asciende ya a un 17% La falta de oportunidades para encontrar empleo dispara las partidas que sufragan el subsidio.

 

El desempleo, además de un drama familiar, está suponiendo un fuerte desembolso para las arcas del Estado que, en lo que concierne a la provincia de Córdoba, supone ya una cantidad superior a los 55 millones mensuales, según los últimos datos oficiales (correspondientes a los devengos de noviembre ya que el Ministerio de Empleo los ofrece a mes cerrado). Las estadísticas del Gobierno señalan la fuerte inversión que se está realizando en esta materia sobre los presupuestos del Estado que suponen, a nivel nacional, unos 2.600 millones de euros al mes, sin contar con el dinero consignado al Plan Prepara -los 400 euros pendientes de una prórroga para 2013-. En Córdoba, durante el año que se cierra, ha habido picos de gasto por encima de los 57 millones de euros en función del nivel de contracción del mercado de trabajo, que en diciembre ha ofrecido cifras positivas de creación de empleo neto. 

Según los últimos datos, en el mes de noviembre el Ministerio dedicó 28,2 millones de euros a la prestación contributiva -el dinero que recibe el desempleado en función del tiempo en el que estuvo trabajando y el salario que percibía-, 14,5 millones de euros para el subsidio -la cantidad que se abona en determinados supuestos de renta cuando se agota la prestación ordinaria-, 2,2 millones en Renta Activa de Inserción (para mayores de 45 años con más de doce meses en las listas del paro) y 10,4 millones para los subsidios eventuales que se pagan a los trabajadores del campo. 

El incremento ha sido relevante. En diciembre de 2008, con la crisis económica recién iniciada, el Estado declaró haber abonado durante el mes de diciembre 47,8 millones, lo que ha producido un incremento en ese periodo del 16%. La conclusión es que también ha crecido de forma más relevante el número de parados que el gasto que se efectúa para sostener sus economías desde el Estado. 2008 se cerró con 65.140 desempleados registrados en Córdoba mientras que 2012 ha terminado, según los datos oficiales, con 96.293 . Esto es, el número de parados se ha incrementado, porcentualmente, algo más del doble de lo que el Gobierno tiene que abonar en prestaciones. La conclusión es que se paga menos por desempleado y, además, hay muchas más personas que, agotada la prestación, sólo tienen la salida del Plan Prepara, si es que cumplen con las condiciones previstas por el Ejecutivo en la prórroga anunciada el pasado mes de agosto. Hay que tener en cuenta, además, que el Gobierno redujo las percepciones que se cobran al estar en desempleo. A partir del séptimo mes, desde el mes de julio se cobra el 50 y no el 60%, como se hacía antes, de la base reguladora sobre la que se calcula la cantidad final. Todas las cifras del Gobierno se ofrecen sin lo que el Estado se ingresa a sí mismo por las cotizaciones de la Seguridad Social correspondientes a los desempleados por los que el Ministerio sigue tributando de cara a la futura pensión de jubilación. 

La comparación con los meses previos a la crisis ofrece números relevantes. El gasto realizado a finales de 2007 ascendió a 34 millones en un mes, cuando el gasto nacional en prestaciones a los parados apenas superaba los 1.300 millones de euros. 

El último dato asegura que el último número de perceptores de prestaciones por desempleo supera los 80.000 (21.000 personas tienen reconocida la percepción por desempleo, 31.000 la han agotado, unas 5.000 están cobrando la Renta Activa de Inserción más unas 10.000 personas cobraron el subsidio agrario). Unas 16.000 personas no tienen ningún tipo de protección contra el desempleo y unos 60.000 desempleados han agotado o nunca han podido cobrar la prestación y dependen de subsidios que tienen un carácter asistencial para casos concretos de renta. A lo largo de la crisis, los beneficiarios no han hecho sino crecer a caballo de una destrucción de empleo galopante aunque fue a partir de 2011 cuando el Gobierno ha tenido que hacer frente a un mayor número de obligaciones en este sentido. El incremento neto entre 2010 y 2011 ascendió a 20.000 beneficiarios mientras que el incremento de 2011 a 2012, con los meses de diciembre como referencia, se limitó a 5.000 más.

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