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Acuerdo social y económico entre el gobierno, los agentes económicos y las centrales sindicales

El pasado 2 de febrero de 2011, el Gobierno, los agentes económicos  CEOE y CEPYME y las centrales sindicales UGT y CCOO  procedieron a la firma del Acuerdo Social y Económico.

El Acuerdo se estructura en tres partes:

–          Una primera, de carácter tripartito, afecta a pensiones, políticas activas de empleo y otras materias de índole laboral y política industrial, energética y de innovación.

–          La segunda, de carácter bipartito entre sindicatos y gobierno, afecta a la función pública.

–          La tercera, también de carácter bipartito, pero esta vez entre empresarios y sindicatos, relativa a la reforma de la negociación colectiva.

PENSIONES

El derecho legal a la jubilación se sitúa con carácter general entre los 63 y 67 años, articulado de la siguiente forma:

1. Jubilación ordinaria: Para los que acumulen carrera laboral completa (concepto de nueva creación que supone tener cotizados 38 años y seis meses) será a partir de los 65 años. Para el resto los 67.

El paso de 65 a 67 años se aplicará progresivamente en el periodo comprendido entre 2013 y 2027, con un ritmo de un mes por año hasta 2018 y de dos meses por año desde 2019 a 2027. En materia de cotización, el paso de 35 años a 38 años y seis meses se producirá entre 2013 y 2027 a razón de tres meses al año.

2. Jubilación anticipada: Criterio general: 63 años, con 33 años mínimo de cotización y un coeficiente reductor de 7,5 por año. Supuestos excepcionales en situaciones de crisis: a partir de los 61 años.

3. Jubilación parcial: Se mantiene la situación actual de jubilación parcial a los 61 años, pero con cotización íntegra para relevista y relevado.

4. Jubilación especial a los 64: Esta figura desaparece.

Periodo de cómputo: El periodo de cálculo de la base reguladora pasa de 15 a 25 años de forma progresiva, a razón de un año desde 2013 a 2022.

Incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral: Se establecen nuevos incentivos calculados por cada año adicional trabajado después de la edad en la que el trabajador pudiera acceder a la jubilación, 65 ó 67 años según sus años de cotización.

REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Los trabajadores por cuenta ajena del REASS se integrarán en el Régimen General a través de un sistema que garantice la equiparación de sus prestaciones, habilitándose un periodo transitorio de evolución de las cotizaciones que garantice el mantenimiento de la competitividad de las cotizaciones agrarias.

El régimen Especial de Empleados de Hogar se revisará a efectos de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social.

En relación con el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, sus bases medias de cotización experimentaran un crecimiento que no superara en más de un punto/ año al de las medias del Régimen General con el fin de hacer converger la intensidad protectora de ambos regímenes.

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

Se contemplan dos tipos de medidas:

De carácter estructural, orientada al medio y largo plazo, y que implica su reforma en profundidad a través de la modificación de la Ley de Empleo. Se prevén las siguientes:

1. Desarrollo de un modelo de atención personalizada a las personas en situación de desempleo basado en un itinerario individual y personalizado de empleo, itinerario que se materializará en un Acuerdo Personal de Empleo (APE).

2. Fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo (SPE) en el marco del Sistema Nacional de Empleo.

3. Establecimiento de un catálogo de servicios básicos a la ciudadanía.

4. Elaboración de una Estrategia Española de Empleo.

5. Transformación en profundidad de los actuales programas de políticas activas de empleo.

6. Impulso de una mayor relación de las políticas activas de empleo y el sistema de protección por desempleo para reducir el tiempo en que una persona está desempleada.

De carácter coyuntural, consistente en poner en marcha en 2011 un plan de choque que incluirá las siguientes medidas:

1. Programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable, dirigido a jóvenes hasta 30 años y a personas en desempleo de larga duración, mediante una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, durante el primer año de vigencia del contrato, para las empresas que creen nuevos puestos de trabajo a tiempo parcial con una jornada entre el 50% y el 75% de la considerada habitual.

El programa podrá ser de aplicación tanto en contratos indefinidos como en contratos temporales de, al menos, seis meses de duración.

La reducción de cuotas será del 100%, si el contrato se realiza por empresas con una plantilla inferior a 250 trabajadores, y del 75%, en el caso de que las empresas tengan una plantilla igual o superior a la señalada.

Asimismo, existirán estímulos para la conversión de estos contratos en indefinidos durante su primer año de vigencia.

2. Programa de recualificación profesional de las personas que hayan agotado su protección por desempleo. Se establecerá un programa específico de carácter nacional que incluya medidas de política activa de empleo y ayudas económicas de acompañamiento (75% del IPREM mensual, hasta un máximo de 6 meses, cuando la persona beneficiaria carezca de rentas superiores al 75% del SMI)

Serán beneficiarias de este programa las personas que agoten su protección por desempleo a partir del 16 de febrero de 2011 y no cumplan los requisitos de acceso a la Renta Activa de Inserción.

REFORMA LABORAL

La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, incluye diversas cuestiones y materias pendientes de desarrollo. A tal efecto, las partes firmantes acuerdan:

Expedientes de regulación de empleo: EL Gobierno traslada a los agentes económicos y sociales un borrador de Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de regulación e empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos para ser abordado una vez firmado este Acuerdo.

Fondo de capitalización: El Gobierno debe aprobar, con anterioridad al 18 de junio de 2011, un proyecto de Ley por el que, sin incremento de las cotizaciones empresariales, se regule la constitución de un fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar, que se hará efectivo en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación. Se acuerda la creación de un grupo de expertos integrado por 6 miembros que serán consensuados por los firmantes.

REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Se trata de un acuerdo sobre los criterios básicos que deben informar la reforma de la negociación colectiva, a través del diálogo social bipartito, comprometiéndose los agentes económicos y sociales al desarrollo de un proceso de negociación.

Es objetivo de todos reforzar la autonomía de los representantes de los empresarios y de los trabajadores en aras a potenciar y mejorar la actividad económica de las empresas, las condiciones de trabajo y el empleo.

Los interlocutores sociales firmantes apoyan con este Acuerdo una mejor gestión y administración permanente de los convenios durante su ámbito temporal, potenciando los instrumentos de consulta, interpretación, solución de discrepancias, propuestas de mejora para el convenio, entre otros, y propiciando que los medios de solución extrajudicial de conflictos aporten asistencia activa. Será necesario contar con el debido apoyo institucional.

POLÍTICA INDUSTRIAL

Con el objetivo de que el peso de la actividad industrial con relación al total de la economía española aumente hasta niveles equiparables a los existentes en los países europeos más desarrollados, el Gobierno y los interlocutores sociales acuerdan incorporar al Plan General de Política Industrial 2020 (PIN) una serie de propuestas, entre las que destacan las siguientes:

Punto 6. Mejora de las condiciones de acceso a la financiación para las PYMES a través del refuerzo de la función de ENISA (Empresa Nacional de Innovación) y CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento).

Puntos 1, 8, 12 y 13. Medidas de carácter transversal que se orientan, por un lado a mejorar la capacidad productiva de las empresas y por otro a reducir las distorsiones del entorno económico en el que operan (reducción de cargas administrativas, mejora de la internacionalización, apertura de mercados).

Puntos 2, 3, 10, 14 y 15. Las Organizaciones Empresariales participarán en el proceso de análisis, desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones de política industrial en el ámbito del Diálogo Social Reforzado.

POLÍTICA ENERGÉTICA

Más allá del planteamiento inicial, que refuerza la consideración de criterios como la garantía de suministro, la reducción de la dependencia energética y la competitividad económica en las mismas condiciones que la sostenibilidad ambiental, del Acuerdo se han de resaltar los siguientes asuntos:

Punto 1. Durante el primer trimestre del año las partes negociarán una propuesta compartida para el horizonte 2035 tomando como base el mix energético de referencia a 2020 de la Subcomisión de análisis de la estrategia energética española. Asimismo se abordará la gestión de los residuos nucleares.

Punto 2. Las partes acuerdan revisar los principales componentes del precio de la electricidad con el fin de eliminar las posibles ineficiencias, reducir los sobrecostes y dar transparencia a costes regulados y precios.

Punto 3. Se acuerda reforzar el liderazgo de España en el ámbito de las energías renovables, poniendo énfasis en el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico y la eficiencia en los incentivos a la generación. Se acuerda la elaboración de un nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020.

Punto 4. Se contempla la elaboración de una futura Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables  y aprobación de un nuevo Plan de Acción 2012-2020 de Ahorro y Eficiencia Energética.

Punto 5. Se plantea una mejor ges
tión de la demanda energética con medidas como el fomento de las redes inteligentes, la telegestión y la telemedida o el desarrollo de tarifas que incentiven los consumos en periodos de menor coste para el sistema.

Punto 6. Se acuerda el fomento y sostenibilidad en el sector transporte mediante la sustitución gradual de combustibles fósiles.

Punto 7. Se acuerda apoyar e intensificar la investigación y desarrollo de las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.

POLÍTICA DE INNOVACIÓN

Se considera prioritarias las políticas de I+D+I y, en el marco de las mismas, el impulso de un conjunto de actuaciones enmarcadas en 3 grandes ejes:

  1. Medidas para la generación de nuevos empleos en el marco de un nuevo modelo productivo.
  2. Actuaciones que apoyen la transferencia de conocimiento y la cooperación público-privada.
  3. Medidas de impulso de nuevos sectores y compra pública innovadora.

 

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